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Qué nos jugamos cuando una instrucción pretende delimitar quién puede llegar a formar parte del cuerpo electoral
Autor:
Castillo Martínez
Ciudad:
Madrid
Editorial:
La ley
Fecha:
05/11/2026
Comentario
Carolina del Carmen Castillo Martínez.: “¿Qué nos jugamos cuando una instrucción pretende delimitar quién puede llegar a formar parte del cuerpo electoral?. La llamada «ley de nietos»: nacionalidad, censo electoral y límites del poder administrativo”, Diario LA LEY, núm. 11039, Sección Doctrina, 5 de noviembre de 2026.
- Resumen: La controversia suscitada por la denominada «ley de nietos» constituye un caso de especial relevancia para el Derecho constitucional español. Lo que inicialmente se presentó como una cuestión centrada en la cuestionable interpretación administrativa de la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, ha terminado por proyectarse sobre cuestiones esenciales del Estado de Derecho: la jerarquía normativa, la reserva de ley, la seguridad jurídica, el alcance de la potestad interpretativa de la Administración, la adquisición de la nacionalidad, la composición del censo electoral y la efectividad del derecho fundamental de participación política. La tesis que inspira este trabajo es que el conflicto no puede comprenderse adecuadamente sin examinar la posible extralimitación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en particular en cuanto a la delimitación de los supuestos legales de acceso a la nacionalidad. Si una disposición administrativa introduce una presunción o amplía una categoría de beneficiarios más allá de lo permitido por la ley, el problema deja de ser una simple discrepancia interpretativa y se convierte en una cuestión de legalidad, competencia y jerarquía normativa. La eventual nulidad de la Instrucción, sin embargo, debe fundamentarse mediante el examen concreto de cada previsión controvertida y no darse por demostrada por la sola existencia de una interpretación administrativa discutible. A partir de esta cuestión se desarrolla una reflexión más amplia: el censo electoral no es un mero instrumento estadístico, sino la expresión jurídica del cuerpo de ciudadanos llamados a intervenir en la formación de la voluntad popular. Su integridad resulta imprescindible para la autenticidad de las elecciones; pero también lo es impedir que, bajo la invocación de esa misma integridad, se excluya arbitrariamente del sufragio a personas que ostentan legalmente la ciudadanía y el derecho a votar.
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