Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Cuarto informe sobre España. 
Resumen 
Desde la publicación del tercer informe sobre España de la ECRI, el 21 de febrero 2006, se han realizado progresos en una serie de ámbitos señalados en dicho informe.
España ha invertido recursos humanos y financieros en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Se han nombrado fiscales especializados para proteger a las víctimas y luchar contra la ciber delincuencia. En Barcelona, se ha creado una fiscalía especial para combatir los actos de violencia inspirados por el odio y la discriminación. En 2009 España creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, organismo especializado cuyo cometido es ayudar a las víctimas y recopilar datos sobre las denuncias. La respuesta integral al racismo en el deporte ha incluido la promulgación de nueva legislación y la creación de instituciones, en particular, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que elabora políticas y propone sanciones contra federaciones, clubes o espectadores. En lo referente a la educación, el plan de estudio escolar incluye ahora el tema "educación para la ciudadanía y los derechos humanos" y el Holocausto ha pasado a ser elemento obligatorio de la enseñanza de la historia.
Se han tomado medidas para promover la integración de los no ciudadanos. La Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, promulgada en 2009, proporciona los medios, a través de la inscripción en el registro de población, para que todas las personas, cualquiera que sea su estado, puedan acceder a los servicios sociales básicos y la asistencia sanitaria gratuita. El procedimiento de asilo ha mejorado; el ACNUR emite opiniones sobre todas las solicitudes; los centros de recepción son de alta calidad y ofrecen oportunidades de recreación y de formación profesional.
Se ha aprobado otro Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana para el período 2010-2012. En 2005 se creó el Consejo Nacional Gitano, con la finalidad de asesorar al Gobierno sobre las políticas que afectan a esa comunidad. La fundación Instituto de Cultura Gitana, creada en 2007, promueve la identidad de los gitanos. En todo el país funcionan programas destinados a erradicar los tugurios y a reubicar a los habitantes en viviendas adecuadas, y en algunas ciudades ya han desaparecido los tugurios. Se han tomado medidas para facilitar el acceso de los inmigrantes y los gitanos a los mercados de la vivienda y el empleo.
La ECRI acoge con beneplácito estos acontecimientos positivos en España. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, algunas cuestiones siguen siendo motivo de preocupación.

• No se cuenta con datos acerca de los actos de racismo y de discriminación racial ni sobre la aplicación de las disposiciones penales, civiles y administrativas en vigor. El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico no es un órgano independiente y no es bien conocido por el público. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la penalización de la negación del Holocausto. El racismo en Internet va en aumento en España, donde existe un gran número de movimientos neonazis. Los problemas en la educación incluyen la distribución desigual de alumnos inmigrantes y gitanos y la existencia de escuelas "gueto". Existen disposiciones contradictorias en cuanto a la práctica de establecer perfiles étnicos, y no hay una comisión independiente encargada de investigar las denuncias de mala conducta policial. 
• La nueva Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ha abierto la puerta a la posibilidad de restricciones discriminatorias, ya que garantiza el derecho a la ayuda a la vivienda en condiciones de igualdad con los españoles solamente a los extranjeros residentes a "largo plazo", y en el resto de los casos deja la decisión a la discreción de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito. Por otra parte, el acceso a la educación superior está restringido a los extranjeros residentes legales. Los no ciudadanos no pueden votar ni ser candidatos en las elecciones a nivel local. En el caso de los musulmanes, las dificultades incluyen los obstáculos para la obtención de permisos de construcción de mezquitas y el hecho de que a menudo no se respete el derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa basada en el Islam. 
• La nueva Ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, promulgada en 2009, a pesar de algunos avances positivos, limita el derecho a solicitar asilo a los nacionales de países no comunitarios y a los apátridas. El procedimiento de asilo es más expeditivo, por lo que la calidad ha menguado, especialmente en lo que se refiere a la entrevista de asilo. Hay falta de trabajadores sociales en los centros de internamiento. En cuanto al trato que reciben los menores extranjeros no acompañados, se han detectado muchas deficiencias, incluida la ausencia de representación legal independiente en todos los procedimientos de repatriación, la falta de información sobre el derecho a solicitar asilo y a solicitar la residencia en España, y el uso de métodos obsoletos y poco fiables de determinación de la edad.

En este informe, la ECRI solicita que las autoridades españolas adopten nuevas medidas en diversos ámbitos; en este contexto, formula una serie de recomendaciones, entre ellas las siguientes.

• El Gobierno debería recoger y publicar datos sobre los actos de racismo y discriminación racial y sobre la aplicación de las disposiciones legales en vigor para combatir esos actos. El plan de estudios básicos y la formación continuada durante el servicio de la policía, el personal de seguridad privada, los fiscales, los médicos forenses, los abogados y los jueces debería incluir cursos obligatorios sobre derechos humanos, igualdad de trato, no discriminación y las disposiciones vigentes para combatir el racismo y la discriminación racial. 
• En materia de educación, las autoridades deberían revisar los procedimientos de admisión para garantizar una distribución uniforme de los alumnos españoles, inmigrantes y gitanos, y tomar medidas para reducir significativamente la deserción de los alumnos gitanos. Debería eliminarse la restricción del acceso a la educación universitaria, limitado a los extranjeros residentes legales. El plan de estudios básicos para periodistas debería incluir un estudio de los códigos de conducta y las cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia.
• En cuanto a la vivienda, se alienta a las autoridades a proseguir sus esfuerzos para erradicar todos los tugurios, lo que representaría una mejora significativa de las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Deberían reintroducirse las ayudas en materia de vivienda para todos los residentes legales. 
• La libertad de manifestar su religión colectivamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos debería respetarse en la práctica; para ello, deberían aprobarse las solicitudes de los musulmanes para construir un número suficiente de mezquitas. Los alumnos musulmanes también deberían disfrutar en la práctica de su derecho a recibir en los centros escolares públicos instrucción religiosa basada en el Islam. Debería supervisarse atentamente el aumento de los movimientos neonazis y las bandas violentas de jóvenes e iniciar procedimientos penales en caso necesario. Debería alentarse a las federaciones, clubes y asociaciones de aficionados del fútbol a que elaboren medidas de autorregulación contra el racismo y la xenofobia, y sus códigos de conducta deberían abordar la cuestión de la conducta racista de los aficionados. 
• Los no ciudadanos deberían tener la posibilidad de votar y ser elegidos en las elecciones locales. Debería modificarse la ley con el fin de eliminar la restricción que limita el derecho a solicitar y gozar de protección internacional a los nacionales de países no comunitarios y a los apátridas. Deberían realizarse esfuerzos para que los extranjeros internados tengan mejor acceso a los abogados y a la asistencia de organizaciones no gubernamentales, así como asignar más trabajadores sociales a los centros de internamiento. Las autoridades fronterizas y los agentes del orden público deberían recibir formación en materia de derechos humanos y cuestiones de asilo, así como formación específica sobre la manera de realizar una entrevista de asilo. Por lo que se refiere a los menores no acompañados, las autoridades deberían garantizar que se les ofrezca representación legal independiente en todos los procesos de repatriación y que reciban información sobre su derecho a solicitar tanto asilo como la residencia.
• Asimismo, deberían actualizarse los métodos de determinación de la edad y mejorarse los mecanismos de recogida de datos.
• Debería garantizarse una prohibición efectiva de todas las prácticas de la policía destinadas a establecer perfiles raciales, teniendo en cuenta la Recomendación núm. 11 de política general de la ECRI sobre la lucha contra el racismo y la discriminación racial en el ámbito policial, que ofrece orientación sobre la definición y la prohibición de esta práctica. Debería establecerse un mecanismo independiente para el examen de las denuncias contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.