STC 72/2009 de 23 de marzo de 2009 (Sala Segunda). Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Tipo: Sentencia
Localización: Tribunal Constitucional
Materia: Expedientes sancionadores (retorno, devolución, multa o expulsión)
Fecha: 23/03/2009
Enlace: Sentencia
Número de recurso: 7200/2005
Comentario:

STC 72/2009 de 23 de marzo de 2009 (Sala Segunda). Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Recurso 7200/2005 promovido por don Sandor Asmed Muñoz Córdoba frente al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que no resolvió su recurso de apelación en incidente de sustitución de pena de prisión impuesta en causa por delito de agresión sexual. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: recurso de apelación sobre sustitución de pena frustrado indebidamente, pues la expulsión del territorio nacional del recurrente no le priva de objeto.

Tutela judicial efectiva. Derecho a obtener una resolución motivada que resuelva sobre el fondo de la pretensión. Vulneración. Auto judicial que acuerda no entrar a conocer del fondo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución en la que se decretaba la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional por un período de diez años. Irrazonabilidad del argumento empleado por el órgano jurisdiccional que entendió que el cumplimiento y la expulsión resultaban medidas recíprocamente excluyentes. No resulta admisible que el tribunal invoque la carencia de objeto de un recurso en el que se reclama la alternatividad entre cumplimiento de pena y expulsión, por el hecho de que al tiempo de resolver se haya materializado dicha expulsión. El órgano de apelación debió entrar a conocer del recurso interpuesto aunque dicha expulsión ya se hubiera ejecutado.
El Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado, anulando el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó el recurso interpuesto contra la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la de expulsión del territorio nacional del condenado, por haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

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