Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Contencioso-administrativo. Sección 1ª). Sede de Valladolid de 10 de abril de 2017.

• Confirma los argumentos ya aceptados en la sentencia de primera instancia reconoce que la administración estaba realizando una interpretación errónea del Derecho en la aplicación de la normativa y la configuración jurídica de la pareja de hecho, al solicitar “permiso de residencia” para acreditar la “residencia habitual” de los solicitantes, cuando sólo sería necesario el certificado de empadronamiento.
• Además, la sentencia reconoce que se estaría utilizando de forma desviada y abusiva el reglamento para impedir la regularización legal de las personas extranjeras, vulnerando principios y derechos fundamentales al generar un trato desigual (art. 14 CE) y desprotegiendo a la familia, un deber de las administraciones públicas recogido en el art. 39 de la Constitución.
• Esta nueva resolución judicial no solo confirma el derecho de los recurrentes a inscribirse, pues la sentencia, y aquí radica su gran importancia, también declara la nulidad del art. 11 del citado reglamento que regula el registro, obligando a la expulsión de dicho precepto del ordenamiento jurídico, posibilitando que la actual discriminación desaparezca para toda la comunidad de Castilla y León, beneficiando por tanto a miles de personas en nuestra región y fuera de ella, al servir de precedente para solucionar una problemática que está afectando a cientos de miles de personas en nuestro país.

Fuente:  © LegalSalamanca.es.

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