Por la que en un asunto que la subdelegación de gobierno de Cantabria impuso expulsión en base al art. 57 1 b (trabajar careciendo de permiso) estima la demanda y sustituye la expulsión por multa de 301 euros.

Primero desestima la demanda por  vulneración del derecho de defensa y tutela judicial efectiva, porque en el momento de inocarle el expediente sancionador no contó con asistencia letrada. Segundo desestima la nulidad por haberse prescindido legalmente del procedimiento establecido para dictar la resolución, porque conforme a la Ley y Reglamento de extranjería debería existir actas de infracción laboral y la propuesta debería haberse realizado por el jefe de la inspección laboral, y no por los agentes de extranjería. Tercero desestima la falta de motivación. Finalmente estima la proporcionalidad por no existir en el procedimiento ningún otro hecho disvalorativa que no fuera el mero hecho de trabajar sin careciendo de las autorizaciones pertinentes.