Comisión Europea. Informe elaborado por Viviane Reding, Laszlo Andor y Cecilia Mälstrom, La situación de los gitanos en Francia y en Europa.

El análisis elaborado por los comisarios Viviane Reding, Cecilia Malmström y Laszlo Andor, responsables de Justicia, Interior y Asuntos Sociales respectivamente, mantiene que las medidas adoptadas por el Gobierno Sarkozy traspasan las líneas rojas marcadas por la legislación comunitaria. No obstante, la Comisión evita aún calificar como «ilegales» las deportaciones hasta recibir más información sobre algunos de los puntos oscuros que todavía tiene que plantear a las autoridades francesas a lo largo de esta semana.

El informe apunta que las medidas francesas dudosamente respetan la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y desde luego las expulsiones  distan mucho de estar en coherencia con la Directiva 2004/38 CE. En todo caso, partiendo de esta base jurídica, los Comisarios señalan que cualquier expulsión o retorno de un ciudadano europeo debe ser hecha «tras un análisis caso por caso basado exclusivamente en la conducta personal y las circunstancias del individuo en cuestión, si representa una amenaza para el orden público o la seguridad o si son una carga irrazonable para la seguridad social del país».  Francia no ha aplicado «satisfactoriamente» el mandato de la Directiva mencionada ya que la legislación francesa, «no recoge explícitamente la obligación de examinar todos las circunstancias individuales (como el periodo de permanencia, la edad, la salud, la situación familiar o el nivel de integración en el Estado miembro de acogida)». Por otra parte, en el informe se alude a que el desmantelamiento y expulsiones de los habitantes de los 200 campamentos en Francia se debió a «la situación de ilegalidad vinculada a tales asentamientos», como la «explotación de menores para la mendicidad o la violación de las leyes de propiedad», y no a un análisis caso por caso de los individuos. Más aún, se añade expresamente que la Directiva exige que las notificaciones de retorno deben realizarse por escrito, y además deben ser susceptibles de recurso y los a los  ciudadanos se les debe otorgar  un mes para abandonar el territorio. Las previsiones legales distan mucho de las irrupciones a la fuerza que protagonizaron las fuerzas de seguridad francesa, aunque las autoridades francesas afirma que la mayoría -828 de 979 casos- han sido retornos voluntarios, es decir a cambio de dinero. En todo caso, la Comisión advierte que todavía espera «una clarificación total» sobre su naturaleza. Y avisa que «el sólo hecho de pagar» no es suficiente para cumplir el principio de libertad de circulación vigente en la UE para sus ciudadanos. 
La Comisión Europea, también,  pide en su informe a la presidencia belga convocar una reunión de ministros de Justicia e Interior, y de Asuntos Sociales «tan pronto como sea posible» para identificar usos «más focalizados» de los fondos nacionales y los de la UE para promocionar la integración económica y social de los gitanos.

Informe completo: (Fichero Asociado)

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