La Comisión Europea ha requerido a Italia que tenga en cuenta la experiencia profesional y la antigüedad de los médicos de otros Estados miembros a la hora de determinar las condiciones de trabajo de estos trabajadores en el sector público italiano.

La Comisión reconoce que según el derecho comunitario, la libertad de circulación de los trabajadores no se aplica al empleo del sector público. Sin embargo, el TJUE sostiene que solo se pueden restringir los puestos de trabajo del sector público a los nacionales del Estado miembro cuando se trate de puestos que impliquen autoridad pública y de responsabilidad en salvaguarda del interés general del Estado. Por tanto, esta restricción no se puede aplicar ni a los médicos ni a los profesores que trabajan en instituciones públicas.

 La Comisión Europea pide a Italia que cese la discriminación contra nacionales cualificados de otros Estados miembros.