España inicia este viernes la aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado el “enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de los migrantes y de los solicitantes de protección internacional que primará en la implementación del acuerdo en el territorio nacional
Grande-Marlaska ha reiterado la oposición del Gobierno a la creación de centros de retorno en terceros países y ha descartado su utilización en la gestión migratoria española por las “serias dudas” que plantean su “legalidad y proporcionalidad”
España aplicará desde este viernes el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional, y así lo trasladará la delegación española que participa hoy y mañana en la Conferencia Ministerial organizada por la presidencia chipriota de la UE, en Nicosia, con motivo de la entrada en funcionamiento del pacto.
“El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final”, ha destacado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha agradecido a todos los equipos ministeriales implicados en la implementación del PEMA y, en especial, a los de Interior el “esfuerzo” realizado en los dos últimos años. Grande-Marlaska, que ha excusado su presencia en Chipre debido a la visita papal, se ha comprometido a seguir trabajando en los “ajustes y mejoras que requiere el reto migratorio, preservando siempre el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad”.
España ha reiterado la oposición del Gobierno a la creación de los centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo Reglamento de retorno, aún pendiente de adopción definitiva, y ha descartado su utilización en la gestión migratoria española. El pasado 4 de junio, durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior en Luxemburgo, ya trasladó a los socios comunitarios su rechazo a esta medida por las “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”.
En la cita en Luxemburgo, el titular de Interior expresó su preocupación por la puesta en marcha de estos centros, con convenios no vinculantes y “sin garantías” para los derechos de las personas, y por su impacto en la “credibilidad y eficacia” de las relaciones bilaterales de los Estados miembros, “clave” en la política migratoria de países que, como España, apuestan por la cooperación.
Más de dos años de preparación
El acuerdo político sobre el nuevo pacto migratorio europeo se alcanzó el 20 de diciembre de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El pacto, aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024, fue adoptado formalmente por el Consejo en mayo de ese mismo año, cuando se publicaron también en el Diario Oficial de la Unión Europea los textos legislativos del acuerdo.
El pacto está integrado por nueve reglamentos y una directiva que abordan la gestión migratoria, desde los procedimientos fronterizos hasta el retorno, la protección internacional y la resolución de crisis en los ámbitos de la migración y el asilo.
En su reciente informe de progreso sobre la implementación del PEMA, publicado el pasado 8 de mayo, la Comisión Europea reconocía los esfuerzos significativos realizados por los Estados miembros en esta fase de preparación, situando a España entre los países que han cumplido satisfactoriamente con los principales hitos de su aplicación.
Entre sus novedades el PEMA introduce por primera vez una regulación europea común sobre el triaje de los nacionales de terceros países con el objetivo de reforzar el control de las personas llegadas irregularmente, el registro de sus datos y la detección temprana de vulnerabilidades.
El triaje garantiza la derivación de los migrantes a los procedimientos adecuados con la mayor celeridad y promueve que se alcance la resolución sin interrupciones ni retrasos. Mientras dure el proceso, los nacionales de terceros países no podrán ser objeto de una autorización de entrada en territorio y deberán permanecer a disposición de las autoridades.
España aplica ya un proceso similar al triaje, que ahora se adaptará, entre otras medidas, con la utilización de un formulario específico, el refuerzo de la detección preliminar de vulnerabilidades y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento independiente del respeto de los derechos fundamentales, cuyas funciones corresponderán al Defensor del Pueblo.
En la misma línea, el pacto prevé también la mejora del intercambio de información entre las autoridades competentes en inmigración, protección internacional y acogida, para garantizar una atención eficaz al migrante y su derivación ágil a los procedimientos más adecuados en cada situación.
Novedades en protección internacional
El PEMA incrementa las garantías de las personas solicitantes de protección internacional y mejora la detección de situaciones de vulnerabilidad, a través de la evaluación individual de cada caso, con la finalidad de ofrecer al solicitante, desde etapas muy tempranas del proceso, las adaptaciones necesarias a sus condiciones particulares, tanto en el procedimiento como en las condiciones de acogida.
En las peticiones de protección internacional en puestos fronterizos, España ha optado por un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes, que gozarán de las garantías que prevé la normativa española en materia de protección internacional (Ley 12/2009, de 30 de octubre), como la asistencia jurídica preceptiva, la intervención de ACNUR y la posibilidad de reexamen.
El procedimiento en frontera establece, además, un plazo máximo de resolución y revisión judicial de 12 semanas, periodo durante el cual el solicitante no podrá recibir autorización de entrada en el territorio y deberá permanecer en instalaciones designadas con esa finalidad. En el caso de los migrantes desembarcados tras una operación de salvamento y rescate o que son interceptados en un intento de entrada irregular, su solicitud de protección internacional se tramitará también por el procedimiento fronterizo de asilo.
La normativa introduce un nuevo supuesto de aplicación del procedimiento de examen acelerado en los casos de personas procedentes de un país con una tasa de reconocimiento de protección internacional igual o inferior al 20 por ciento en el conjunto de países de la UE.
La denegación de una solicitud de protección internacional en frontera conllevará el retorno. Las autoridades procederán a la denegación de entrada o devolución del nacional de un tercer país en los términos previstos en la normativa de extranjería. El extranjero no podrá ser objeto de una autorización de entrada durante las 12 semanas de duración máxima de este procedimiento y deberá permanecer a disposición de las autoridades competentes.
Con la entrada en funcionamiento del PEMA, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos, tal y como explicó recientemente Interior en una nota informativa.
Mecanismo de solidaridad
Entre las novedades se incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria que será aplicado con carácter anual. El primer paquete de solidaridad se acordó el pasado mes de diciembre, cuando España fue identificada como “Estado miembro bajo presión migratoria” y, por tanto, susceptible de ser beneficiaria de la solidaridad europea.
Tras la entrada en funcionamiento del pacto, se darán los pasos necesarios para concretar la aplicación de este mecanismo de solidaridad. Con ese motivo, está prevista la celebración en Bruselas de la primera reunión del Foro de nivel técnico de la UE sobre Solidaridad, el próximo 15 de junio, que estará presidido por la coordinadora de la UE para la Solidaridad.
Refuerzo de recursos humanos y medios materiales
El nuevo pacto migratorio europeo ha exigido el fortalecimiento de los recursos humanos y los medios materiales de las unidades y servicios más afectados. Destaca la apuesta por el desarrollo de nuevos sistemas informáticos para facilitar la interoperabilidad e intercambio de información entre las autoridades policiales, de protección internacional y de acogida.
Además de los sistemas nacionales, el PEMA exige la puesta en marcha de un nuevo Eurodac —el sistema europeo de comparación de impresiones dactilares—, que ya no solo será de aplicación a los solicitantes de protección internacional, sino que recogerá los datos de todas aquellas personas que lleguen de manera irregular a Europa.
Para llevar a cabo esta implementación y conexión con el resto de Estados miembros, se está llevando a cabo el despliegue de los equipos necesarios, así como los desarrollos técnicos para la interconexión de Eurodac con los sistemas nacionales de asilo (Lares) y extranjería (Adexttra).

Fuente © Interior.gob.es. 

Medidas tomadas en España:

• Instrucción de procedimiento tras PEMA
• Instrucción recursos de reposición tras PEMA. 
• Nota informativa sobre la concesión o renovación de las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional.

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• El Pacto de Migración y Asilo de la UE entra este viernes en vigor lastrado por las dudas sobre su cumplimiento. Bruselas © Europa Press.es. 
• El pacto europeo que endurece la política migratoria entra en vigor sin que los Estados tengan listo el sistema para aplicarlo. Gabriela Sánchez © El Diario.es.