FGE afirma que en la mayoría de los casos es "imposible" repatriar menores y denuncia que la Administración interpreta la ley de forma que "limita" sus derechos.
Las pruebas de determinación de edad (test oseométrico) que ordena la Fiscalía para concluir si un inmigrante llegado de forma clandestina a España ha cumplido o no los 18 años desvelaron en 2008 que un 30 por ciento de quienes habían sido identificados inicialmente como menores resultaron ser adultos, conforme datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado recogidos por Europa Press.