Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Burgos de 20 de junio de 2017. Estima demanda anula y deja sin efecto la orden de expulsión dictada contra una persona, por la comisión de varios delitos contra el patrimonio, casado con ciudadano comunitario y residente legal en España durante 5 años, que contaba con tarjeta de familiar de ciudadano de la unión. La sentencia desmenuza el significado de “amenaza real, actual y suficientemente grave contra el ordenamiento y la seguridad pública” y, a la luz de las directivas comunitarias y la jurisprudencia europea, conforme a Sentencia de la Gran Sala, procede a relacionar los delitos que pueden suponer una amenaza contra la seguridad pública, entendiendo como tales: – el terrorismo, – la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, – el tráfico ilícito de drogas, – el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, – la corrupción, – la falsificación de medios de pago, – la delincuencia informática, – y delincuencia organizada. Se cita expresamente la STJCE 22.05.2012 (Texto completo de la sentencia en archivo asociado). 

Otras interpretaciones mucho más restrictivas del art. 15 del RD 240/2007:

• STSJ Castilla y León 28.04.2017.