STJUE (Sala Quinta) de 9 de junio de 2016. Asunto C‑25/15. István Balogh. Procedimiento prejudicial. Cooperación judicial en materia penal. Derecho a interpretación y a traducción. Directiva 2010/64/UE. Ámbito de aplicación. Concepto de “proceso penal”. Procedimiento previsto por un Estado miembro para el reconocimiento de una resolución en materia penal dictada por un tribunal de otro Estado miembro y la inscripción en el registro de antecedentes penales de la condena impuesta por dicho tribunal. Costes relacionados con la traducción de esa resolución. Decisión Marco 2009/315/JAI. Decisión 2009/316/JAI. Procedimiento reconocimiento en un EM de resolución penal de otro EM e inscripción. Registro de antecedentes penales.

Fallo del Tribunal:

• "El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva no se aplica a un procedimiento especial nacional de reconocimiento por el juez de un Estado miembro de una resolución judicial definitiva dictada por un tribunal de otro Estado miembro por la que se condena a una persona por la comisión de una infracción.
• La Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, y la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la aplicación de una normativa nacional que establece un procedimiento especial de esta índole".

Procedimiento:

• Recurso.
• Conclusiones. 
• Sentencia (DOUE, 16.08.2016).

Otras STJUE publicadas oficialmente en el mismo DOUE: 

• STJUE 07.06.2016. No cabe pena de prisión por entrada irregular nacional de tercer país cuando no ha finalizado el período de retorno.
• STJUE 07.06.2016. Presentación solicitud de asilo en un EM y expedición de títulos de residencia o de visados.
• STJUE 07.06.2016. Solicitud asilo, ausencia del territorio de los EEMM durante al menos 3 meses y Estado responsable. 
• STJUE 09.06.2016. El sistema español de compensación equitativa por copia privada es contrario al Derecho de la UE.

Otras STJUE del mes de junio:

• STJUE 01.06.2016. Obligación de incluir en la ODE información relativa a la existencia de una orden de detención. 
• STJUE 02.06.2016. Un EM no está obligado a reconocer apellido con elementos nobiliarios adquirido en otro EM.
• STJUE 02.06.2016. Libre movimiento de capitales y tributación a tanto alzado de fondos de pensiones residentes.
• STJUE 14.06.2016. RU puede puede exigir a los nacionales de otros EM residencia como requisito para recibir prestaciones sociales.
• STJUE 16.06.2016. Solamente es crédito no impugnado aquél que el Reglamento de título ejecutivo europeo define como tal.
• STJUE 16.06.2016. Art. 5.3 del Reglamento 44/2001 y lugar del hecho dañoso en caso de negligencia del abogado en la redacción de un contrato.
• STJUE 21.06.2016. No se puede obligar a redactar facturas transfronterizas en un idioma oficial bajo sanción de nulidad.
• STJUE 22.06.2016. Precio del billete: cálculo del reembolso que corresponde al pasajero.
• STJUE 22.06.2016.  El licenciatario puede ejercer acción infracción modelo comunitario aunque la licencia no esté inscrita.
• STJUE 29.06.2016. Principio non bis in idem art. 54 Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen y concepto resolución firme.
• STJUE 30.06.2016. Condiciones al derecho de residencia de nacional de un tercer Estado divorciado de ciudadano UE y víctima de violencia doméstica. 
• STJUE 30.06.2016. Libre movimiento de capitales y reducción del impuesto sobre sucesiones.
• STJUE 30.06.2016. Libre movimiento de capitales y tributación de dividendos mediante convenios de doble imposición.
• STJUE 30.06.2016. No es contrario a Carta de Derechos Fundamentales imponer tasas judiciales a persona física y no a persona jurídica de Derecho público.